Procurador General
Procurador General de la República (2012-2016)
Procurador General de la República (2012-2016)
El 16 de Agosto de 2012 mediante decreto 454-12 el Presidente dominicano Danilo Medina designó a Francisco Domínguez Brito como Procurador General de la República Dominicana. Al ser posesionado por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, declaró:
A once (11) días de asumir como Procurador General por segunda vez, Francisco Domínguez Brito anunció que tras una investigación que dirigió la Inspectoría de la Procuraduría, se determinó que Pascual Cordero Martínez pagó más de un millón de pesos para que el director de prisiones, Mario Acosta Santos, gestionara que lo regresaran a la Cárcel “La Victoria” desde el Centro de Corrección y rehabilitación de Higüey a donde fue trasladado para tener más control de él por la rigurosidad del Nuevo Modelo Penitenciario. Días después el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo al ex director de Prisiones, Mario Acosta. En la misma rueda de prensa Domínguez informó que también estaba detenido detenido el fiscalizador de Villa Rivas, Héctor Balcácer, quien presuntamente estaba extorsionando a una persona y se le puso como trampa un dinero marcado y, luego, se determinó que efectivamente él había recibido ese dinero.
El Consejo Superior del Ministerio Público, encabezado por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, suspendió a doce procuradores fiscales de los departamentos judiciales de las provincias Santo Domingo, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel. Los suspendidos, hasta que concluyan las investigaciones, son: los procuradores fiscales Máximo Suárez Frías, Leónidas Suárez, Miguel Morfe Henríquez, Ivelisse Casado y Juan Rosa, todos de la provincia Santo Domingo. Igualmente, Carmen Elizabeth Jiménez, Fernando Arturo Martínez Ramos, Ana Cristina Rodríguez, Máximo Peralta y Leiny Rosario Solís, de La Vega. También, Pedro Celestino Santana Tavárez, de Santiago, y Miguel Alejandro Sharp Jiménez, de Monseñor Nouel.
El 14 de Septiembre el Procurador General presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de modificación al Código Procesal Penal para limitar algunas situaciones que han permitido que personas procesadas evadan la justicia, así como para limitar la discrecionalidad de los jueces al momento de imponer medidas de coerción a personas reincidentes o con otros procesos judiciales pendientes, crear un sistema más eficiente para la captura de prófugos o declarados en rebeldía, entre otros.
El 28 de Septiembre el Procurador General de la República,Francisco Domínguez Brito, dispuso la eliminación de los privilegios que disfrutan los presos millonarios en algunas cárceles. Mediante una comunicación enviada al director de Prisiones, Tomás Holguín La Paz, Domínguez Brito impartió instrucciones para que ningún recluso disfrute de privilegios especiales, tales como del uso de aires acondicionados, televisiones, antenas parabólicas, computadoras portátiles, teléfonos, entre otros. Indicó además que los que gozan de tales privilegios son los reclusos que precisamente cumplen condenas por graves delitos, los cuales les han permitido ser poseedores de grandes fortunas de dinero, con las que acostumbran a comprar no sólo impunidad sino también ciertos beneficios que el sistema no puede seguir permitiendo. “Los narcotraficantes por ejemplo, tienen muchos aires acondicionados, y eso para nosotros es intolerable”, afirmó. En fines de semanas seguidos, con la ayuda de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo, se extrajo a 77 internos los cuales ocupaban celdas conyugales que habían convertido en suites privadas; asesinos, narcotraficantes, violadores y otros criminales peligrosos fueron trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya en la provincia de La Romana.
El procurador general de la República, instruyó a todos los representantes del Ministerio Público para que sólo se incauten los vehículos de motor cuando los mismos constituyan un elemento probatorio y vinculante con el proceso que se lleva a cabo. Las instrucciones fueron dadas mediante la circular número 03646, dirigida a los procuradores generales titulares, adjuntos, los fiscales titulares y sus adjuntos, así como a los fiscalizadores. Domínguez Brito dijo que dispuso la medida basado en que la Procuraduría ha observado de manera constante y frecuente que durante las investigaciones que ejerce el Ministerio Público, se incautan vehículos de motor independientemente de su relación con el aspecto probatorio a los fines de sustanciar un proceso determinado. Expresó que: “eso ha dado lugar a que haya un gran número de vehículos de motor incautados bajo la guarda del Ministerio Público, por lo que también estamos instruyendo a los representantes de ésta institución a iniciar los procesos de devolución de los vehículos. Señaló que la advertencia fue dada para preservar el derecho fundamental de propiedad inherente a toda persona, que puede resultar violentado al momento de realizar un secuestro de cosas, en especial de vehículos de motor.
Francisco Domínguez Brito, anunció el 14 de Octubre la implementación del plan “Convivencia” en todo el país, como parte de la ejecución de la política contra el crimen que aplicará el gobierno. Domínguez Brito aseguró que el ministerio público trabaja en el desarrollo de ese programa, en virtud del rediseño de la política criminal del Estado que ha puesto en marcha el presidente Danilo Medina. Dijo que el proyecto será presentado al país por el propio mandatario, una vez éste haya concluido en su totalidad, mientras exhortó a todos los sectores nacionales a participar en los encuentros y ser parte activa en la elaboración del plan. El jefe del ministerio público aseguró que el plan ayudará a la estabilidad y desarrollo de las comunidades, reduciendo los índices de criminalidad y de violencia que afectan a la sociedad. Domínguez Brito explicó que el plan “Convi- vencia” contiene elementos de prevención en materias como violencia intrafamiliar, homicidios, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, robos y asaltos. El plan busca, en la fase inicial, identificar los males que inciden en el aumento de la violencia y la criminalidad en cada provincia del país, para luego diseñar un programa gubernamental, tendente a reducir los índices de hechos violentos. Precisó que el ministerio público jugará un papel fundamental, procurando que quienes sean reincidentes no puedan salir de las cárceles con la facilidad que lo hacen en muchas ocasiones. Explicó que para el diseño se recabarán datos y opiniones de todos los sectores en cada provincia, para luego trazar una estrategia de acción específica, adecuada a las necesidades, particularidades y problemáticas en cada región.
El 22 de octubre de 2014 Francisco Domínguez Brito remitió un escrito de acusación y requerimiento de apertura a juicio contra el senador Félix Bautista depositado ante la Suprema Corte de Justicia. La Procuraduría solicitó la designación de un Juez de la Instrucción Especial, a fin de conocer en audiencia preliminar una solicitud de prisión preventiva y acusación por hechos graves de corrupción y lavado de dinero en contra de: Félix Ramón Bautista Rosario, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.” Domínguez Brito afirmó que con la acción en contra del Senador y secretario de Organización del PLD está cumpliendo con su responsabilidad y agregó:
“Creo que hay un límite para todo, pienso que no todo puede ser permitido. Esto no es por este momento, esto tiene mucho tiempo, es un trabajo profesional, y más que nada es una responsabilidad del Ministerio Público, que quiere que prevalezca la verdad en este caso. Si hay enriquecimiento ilícito y patrimonio inexplicable, la sociedad debe organizarse y sancionar… porque cuando en una democracia no hay consecuencias ante hechos que violentan las normas, indudablemente que eso también se convierte en un estímulo a que sucedan otros hechos. Lo más importante para nosotros es que prevalezca la verdad y la justicia, lo único que buscamos en esto es la verdad y la Justicia. La sociedad dominicana, la democracia dominicana, necesitan que esos criterios sean los que imperen en el quehacer de todo el sistema.”