El Licenciado Francisco Domínguez Brito ha desempeñado importantes posiciones públicas en la República Dominicana:

Procurador fiscal del Distrito Nacional (1997-2000)

Asumió la Fiscalía del Distrito Nacional en 1997 luego de que el anterior incumbente (Dr. Guillermo Moreno) fuera destituido por el Presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reyna. Durante su gestión se logró obtener la condena para los militares acusados del asesinato del reconocido periodista dominicano Orlando Martínez Howley, sucedido en 1975 durante el gobierno de Joaquín Balaguer, así como para los dos jóvenes acusados del asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar.

En la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Francisco Domínguez Brito promovió profundas y transcendentales reformas tanto en el aspecto organizacional como en el de la Dirección de la investigación criminal a fin de hacer de la entidad una institución moderna, ágil, con procedimientos claros y transparentes. En su periodo de gestión fue creada la Secretaría Administrativa encargada de recibir y gestionar los expedientes, a atender e informar al público, en la cual han sido simplificados y automatizados todos los procesos. Inició el apoderamiento de los tribunales de manera aleatoria por medio de un sorteo automatizado, proceso que antes se hacía en forma manual y por preferencias personales. Logrando con esto una distribución más equitativa y el apoderamiento en forma transparente. Se estableció un procedimiento para el registro de los detenidos, que mejoró de manera transcendente el proceso de identificación mediante la toma de las huellas digitales y la fotografía del inculpado desde el momento en el que ingresa al sistema judicial.

Fueron reestructurados los departamentos para su adecuación al cumplimento de la misión esencial que es la dirección de la investigación criminal y la acusación. Para ello, se vieron en la necesidad de eliminar el departamento de calificaciones el cual procedía a determinar cual infracción había sido cometida con base en el expediente que le pasaba la policía y apoderar a los tribunales competentes, sin haber siquiera tenido ninguna participación en la investigación criminal. De igual forma se crearon los departamentos de investigaciones, los cuales operando directamente desde el palacio de la policía y con abogados ayudantes fiscales en los diversos destacamentos, así como en la Dirección Nacional de Control de Drogas, asumen el control jurídico de las investigaciones desde el momento mismo en que se tiene conocimiento de la infracción penal, generando una reacción coordinada e inmediata con la Policía Judicial de la Policía Nacional y de la DCND pudiendo tomar decisiones no sólo con conocimiento de causa, sino con base de investigaciones mejor instrumentadas y con un valor jurídico agregado desde el primer momento.

Se creó el Departamento de Familia y Menores con ayudantes fiscales en el destacamento de Villa Juana en donde se adelantó un programa de protección de la mujer maltratada. Por otra parte, teniendo en cuenta los daños que para la economía del país pueden causar hechos que atentan contra los derechos de autor y en general contra la propiedad intelectual, se creó en la Fiscalía, el 14 de julio de 1998, el Departamento de Propiedad Intelectual encargado de investigar y apoderar ante los tribunales todos los casos que lesionen estos bienes jurídicos. Se crearon y fortaleció con equipo técnico y personal capacitado, el Departamento de Asuntos Internos e Investigaciones Especiales, cuyos ayudantes Fiscales son los encargados de investigar y llevar ante los jueces, a cualquier funcionario de la institución que se encuentre comprometido en irregularidades en el cumplimento de sus funciones.

Se elaboró un manual de funciones y procedimientos de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, elaborado no solo con el propósito de reflejar el trabajo adelantado y las perspectivas del mismo, sino que también reflejó en forma clara y transparente las funciones de cada uno de los departamentos de la Fiscalía y los procedimientos que en cada caso se siguieron dando así trámite a los procesos.

La Fiscalía del Distrito Nacional, dentro del papel que le correspondió desempeñar, dio prioridad a un programa de solución alternativa de conflictos. Se procuró con este programa la conciliación entre las partes en los casos en el que el interés público y la seguridad ciudadana no se encuentren comprometidos, poniendo con ello fin al conflicto no a través de la sanción sino del acuerdo, evitando de esta forma que ingresen al sistema judicial un sin número de casos menores. El objeto de este Departamento consiste en la definición de la política de Mediación Comunitaria, y una vez definida, se planificó la estrategia, se ejecutaron los programas y se identificaron y comprometieron la participación de asociaciones comunitarias que conocedoras del sentir de sus representados, ayudando a la Fiscalía y sirviendo como mediadores, como facilitadores del diálogo entre las partes que se encuentran trabadas en un conflicto menor.

Procurador general de la República (2004-2006)

Durante su paso por la Procuraduría General se iniciaron importantes casos anti-corrupción como lo fue el de la estafa contra el Estado conocido como “Plan Renove”, que se habría cometido en la compra de vehículos sin “previo concurso” para ser repartidos “irregularmente” entre gremios de transportistas privados, en el marco de un programa para sustituir la flotilla de autobuses del sistema de transporte público. Por este caso se emitieron órdenes de prisión contra Pedro Franco Badía, Ramón Emilio Jiménez Hijo, Fabio Ruiz y Siquio Ng de la Rosa, quienes fungieron como presidentes del Plan Renove durante la gestión del presidenteHipólito Mejía. Asimismo, fueron acusados los dirigentes sindicales Antonio Pérez, Diógenes Castillo, Antonio Marte y Ángel Rondon y los empresarios San Goosom y Juan Julio Morales. Por lo menos tres de los implicados eran altos dirigentes del opositorPartido Revolucionario Dominicano (PRD). Como Procurador General fue designado miembro de la Unidad Técnica de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC).

Logros alcanzados en la Procuraduría General de la República:

• En el 2006 la Procuraduría General de la República se creó el Instituto de Ciencias Forenses (INACIF).
• Se transformó el sistema penitenciario Dominicano, el mismo ha sido, es y será la prioridad más sensible de la Procuraduría General de la República. Se traspasaron 9 de las 35 cárceles existentes, por el desarrollo Nuevo Modelo Penitenciario, cumpliéndose de manera significativa y gratificante, convirtiéndose en centros de corrección y rehabilitación;

• Se crea la Oficina de Atención a las Víctimas mediante Resolución Número 08002/05 en fecha 13 de junio de 2005 con el fin de diagnosticar de manera exploratoria los servicios de atención a víctimas de delitos existentes al momento de la creación de este Departamento, el diseño de la Dirección: su base legal, su ubicación jerárquica dentro de la Procuraduría General de la República; la organización de la Unidad Tipo de atención a Víctimas de delitos violentos, así como un estudio comparado sobre las experiencias desarrolladas en Francia y México. Dicho programa fue reforzado con la identificación del material didáctico que sirvió de apoyo al proceso de capacitación de los diversos actores;

• Se crea el Sistema de Información Criminal (SIC);

• Se creó la Unidad del Ministerio Público anti Lavado de Activos, mediante la Resolución Número 0000013 con el fin de ir mejorando los niveles de calidad y efectividad de la persecución judicial de los crímenes en general, de traducir medidas y acciones correctas, especialmente al orden y al cumplimiento de las obligaciones impuestas a los sujetos que se ocupan de movimientos dinerarios indicados por la ley;

• La creación de Fiscalías Barriales o de la comunidad implementando la Resolución Alternativa de Conflictos, con el fin de ofrecer acceso rápido a la justicia, contribuyendo a la descarga de los casos, contribuyendo a la paz social y aliviando la sobrecarga de trabajo que anteriormente caracterizaba el antiguo sistema inquisitorio, donde era indispensable la acción penal para todos los casos;

• La creación de centros especializados de atención de violencia intrafamiliar, en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Baní; con el fin de fortalecer los programas de atención a las víctimas de maltrato familiar; sensibilización de las instituciones que suelen detectar casos de violencia familiar, especialmente de las autoridades policiales, escolares y sanitarias, para que brinden la atención adecuada a las víctimas y, en su caso, procuren la intervención de las instituciones especializadas.

Senador por la provincia de Santiago (2006-2010)

Siendo Procurador General de la República, el día 1º de febrero del año 2006 solicitó una licencia provisional para involucrarse en el proceso electoral a celebrarse el 16 de mayo de ese año:

“(…)quiero informar que en el día de hoy estoy procediendo a solicitar una licencia por tres meses sin disfrute de sueldo al señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, quien me ha honrado con permitirme servirle durante este tiempo, a partir del 16 de febrero del presente año, a los fines de asumir la candidatura de la senaduría por la provincia de Santiago”, expresó.

 

De conformidad con el Estatuto de Ministerio Público le sustituyó de forma interina el Procurador General Adjunto Rodolfo Espiñeira. El 8 de agosto presentó formal renuncia al cargo de Procurador General, para asumir la senaduría por la Provincia de Santiago.

Así, habiendo sido candidato oficialista por el PLD durante las elecciones congresionales y municipales celebradas en la República el día 16 de mayo del año 2006, Francisco Domínguez se convirtió en el senador electo por la provincia de Santiago (República Dominicana) al obtener 156,499 votos válidos (53.25%). El candidato incumbente del PRD y aliados alcanzó el segundo lugar al obtener 131,743 votos (44.83%).4

Junto a los demás 31 Senadores, fue juramentado el día 16 de agosto de ese mismo año por el Presidente del Senado de la República Lic. Reinaldo Pared Pérez.

Actualmente funge como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encargada de decidir en los temas vinculados a la organización judicial, a la creación y supresión de tribunales, a la aprobación y discusión de códigos y leyes procesales, la administración penitenciaria; así como la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Aspiración Presidencial

Al ser cuestionado sobre las perspectivas de una eventual búsqueda por la nominación presidencial, Francisco Domínguez dijo en varias ocasiones que probablemente asumiría “la batalla” y que lo anunciaría en el momento que entendiera prudente.

El día 3 de Febrero, a pesar de que diversas fuentes aseguraron que las encuestas realizadas le favorecieron para asumir nueva vez la nominación senatorial de su partido por la Senaduría de Santiago, Domínguez Brito anunció que cedía tal candidatura al entonces Presidente de la Cámara de Diputados Licenciado Julio César Valentín Jiminián; así no se dispondría buscar la reelección como senador pues se embarcaba en un proyecto presidencial con miras a las elecciones del año 2012:

“En esta nueva etapa concentraré nuestro esfuerzo al desarrollo de nuevos proyectos políticos dentro del partido, y de manera particular, dedicaré todas mis energías a conseguir la nominación presidencial para las elecciones del 2012.”

 

Ministro de Trabajo de la República (2011-2012)

El 22 de agosto de 2011 el Presidente de la República Dominicana Leonel Fernández designó a Francisco Domínguez Brito como Ministro de Trabajo mediante el decreto número 494-11.​ Al ser juramentado el día 26 de Agosto en el Palacio Nacional afirmó que el Seguro Familiar y el Seguro Médico han sido pilares de este Gobierno, y adelantó que serán a estos dos renglones a los que dará prioridad, al igual que el crecimiento del empleo:

“Vamos a trabajar muy duro para que siga mejorando y administrativamente sea sostenible; igualmente está el tema de las pensiones. La gente quiere cuando termine su trabajo, la edad de retiro; que esos fondos estén ahí. Seremos vigilantes en este aspecto”.

• Sistema Integrado de Registro Laboral (SIRLA). El Sistema Integrado de Registro Laboral (SIRLA) fue puesto en ejecución en el año 2011 y consiste en un sistema electrónico en el que los empleadores pueden registrar sus empresas y trabajadores. Con el mismo se elimina la necesidad de hacer compras y depósitos de formularios laborales de manera física, simplificando los trámites, ahorrando tiempo y transparentando el proceso. Hasta julio de 2012 se habían registrado 561,395 trabajadores y 16,249 establecimientos.

 

• Asistencia Judicial. El Ministerio de Trabajo ofrece asesoría judicial a los usuarios y cuenta con 60 abogados que están a la disposición de todos los trabajadores y empleadores de forma gratuita. En el desarrollo de sus funciones, durante la gestión de Francisco Domínguez Brito se atendieron 6,590 usuarios, de los cuales 1,395 recibieron asignación de abogados para casos en los tribunales de la república: 688 por despidos, 305 por dimisiones y 400 por desahucio. Todas las asistencias ofrecidas dejaron 12,489,932 pesos de indemnizaciones recibidas por los trabajadores atendidos.

 

• Inspección del Trabajo. El departamento de inspección de trabajo realizó 62,787 visitas a empresas durante el período agosto de 2011 a mayo de 2012. Fueron levantadas 36,729 actas de apercibimiento y 3,127 actas de infracción. Igualmente se ofreció atención personal a 305,631 usuarios en todo el país.

 

• Proyecto «Cumple y Gana». El Proyecto Cumple y Gana fue una iniciativa regional financiada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ejecutado por etapas en coordinación con el Ministerio de Trabajo con el objetivo de incrementar el cumplimiento de los derechos laborales por medio del fortalecimiento de los sistemas de inspección laboral. Unos de los mayores aportes brindados por el proyecto fue lograr que más de 11,200 expedientes de inspección y más de 65,000 registros de atención a las personas estén en el Sistema Electrónico de Manejo de Casos de Inspección (SEMC) en las Representaciones Locales de Trabajo. Esta herramienta electrónica estandariza los informes de inspección y reduce el papeleo interno ya que los inspectores pueden tener acceso al sistema de manera remota.

 

• Convenios institucionales. Bajo la dirección de Francisco Domínguez Brito, el Ministerio de Trabajo suscribió acuerdos con la Major League Baseball (MLB), el Instituto Nacional de formación técnico-profesional (INFOTEP), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Parque Cibernético con el propósito de acompañar a los jóvenes dados de baja en el proceso de búsqueda de empleo como beisbolistas de manera que les permita reorientar sus vidas, así como promover la reinserción laboral a través de la capacitación, la formación técnico-profesional y la orientación ocupacional. También se concertó u convenio con la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) y la Organización No Gubernamental CESAL, con el objetivo de trabajar en colaboración para la intermediación, orientación ocupacional y promoción del empleo así como para la realización de estudios en coordinación con el OMLAD, para conocer los requerimientos y necesidades del marcado de trabajo de la provincia Barahona. Un acuerdo similar se firmó con la Oficina Presidencial de Tecnologías de la información y comunicación (OPTIC) para integrar al Ministerio de Trabajo en el Centro de Atención Presencial para el Ciudadano (Punto GOB) ubicado en el centro comercial Megacentro. En julio de 2012 se firmó con la Procuraduría General de la República un convenio, con el fin de establecer un esquema de cooperación interinstitucional dirigido a propiciar la reinserción social y laboral de los usuarios del Medio Libre (conformado por personas que han salido de cumplir condena desde los nuevos centros penitenciarios del país), así como de personas deportadas, mediante la creación e identificación de oportunidades laborales que les permitan generar ingresos para sostenerse junto a sus familias.

 

• Servicio Nacional de Empleo (SENAE). En el período agosto de 2011 a julio de 2012 se registraron 16,683 vacantes y 65,173 candidatos a la Bolsa Electrónica de Empleo del Ministerio de Trabajo. Desde su creación la iniciativa ha registrado 5,730 empresas, 140,316 demandantes de empleo y ha evaluado 49,599 vacantes de empleo.
  

 

• Ferias de Empleos. Entre agosto de 2011 y agosto de 2012 con la intermediación del Minsiterio de Trabajo se realizaron diez (10) Ferias y diez (10) jornadas de empleo en las provincias de San Cristóbal, Santo Domingo, Santiago, La Vega, la Romana, Barahona, San Juan de la Maguana, Azua, Baní, Mao, San Francisco de Macorís e Higüey.

 

• Programa «Juventud y Empleo» (PJE). El Programa «Juventud y Empleo (PJE)» formó parte de las políticas activas de empleo implementadas por el Gobierno de la República y lleva en ejecución desde el año 2003. En el período agosto de 2011 a julio de 2012 se realizaron 341 cursos de capacitación con 119 Centros Operativos del Sistema (COS) para un total de 10.980 jóvenes beneficiarios. En este ciclo se mantuvo la equidad de género, por cuanto el 54% de los egresados son mujeres jóvenes.

 

• Proyecto Piloto de Empleo Temporal «Santiago Trabaja». El Proyecto «Santiago Trabaja» constituyó uno de los cuatro componentes del Programa Desarrollo Juvenil que ejecutó el Ministerio de Trabajo desde 2007, con el apoyo del Banco Mundial. Santiago Trabaja se diseñó y ejecutó como un mecanismo para combatir el desempleo, específicamente en la provincia de Santiago de los Caballeros, a raíz del incremento que se registró en el nivel de desempleo producto del impacto de la crisis financiera internacional y en particular en el sector de zona franca. El objetivo logrado fue dotar de capacidades básicas a 3,335 personas entre 18 y 65 años, y transferirles directamente RD $3,600 pesos mensuales durante 4 meses, condicionando su participación en el desarrollo de iniciativas de utilidad social a través de sub-proyectos que desarrollan obras o servicios de interés social, con uso intensivo de mano de obra.

 

• Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD). El Observatorio del Mercado Laboral Dominicano constituye la dirección de Investigación del Ministerio de Trabajo, ubicado en la Dirección General de Empleo. Durante la gestión de Francisco Domínguez Brito completó la realización de los estudios: «Inmigrantes Haitianos y Mercado Laboral: Estudio sobre los Trabajadores de la Construcción y la Producción del Guineo en la República Dominicana», «Diagnóstico del Mercado Laboral de la Provincia Puerto Plata», y el «Panorama del Mercado Laboral Dominicano correspondiente al año 2011».

 

Procurador General de la República (2012- 2016)

El 16 de agosto de 2012 mediante decreto 454-12 el Presidente dominicano Danilo Medina designó a Francisco Domínguez Brito como Procurador General de la República Dominicana. Al ser posesionado por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, declaró:

«La responsabilidad nuestra es hacer el trabajo bien, hacer las cosas correctamente, llevar a cabo nuestras labores con pasión, dedicación e interés, porque somos los defensores de que la sociedad se vea protegida ante la criminalidad, la cual no nos va a ganar la batalla. Somos los defensores de la ley, somos los defensores de que la sociedad se vea protegida ante la deshonestidad, somos los que garantizamos la libertad ciudadana, está en nuestras manos… la vida del otro, la libertad del otro…”

• Procesamientos por Corrupción (Agosto de 2012). A once (11) días de asumir como Procurador General por segunda vez, Francisco Domínguez Brito anunció que tras una investigación que dirigió la Inspectoría de la Procuraduría, se determinó que Pascual Cordero Martínez pagó más de un millón de pesos para que el director de prisiones, Mario Acosta Santos, gestionara que lo regresaran a la Cárcel “La Victoria” desde el Centro de Corrección y rehabilitación de Higüey a donde fue trasladado para tener más control de él por la rigurosidad del Nuevo Modelo Penitenciario. Días después el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo al ex director de Prisiones, Mario Acosta.
• Suspensión de fiscales (Septiembre de 2012). El Consejo Superior del Ministerio Público, encabezado por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, suspendió a doce procuradores fiscales de los departamentos judiciales de las provincias Santo Domingo, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel. Los suspendidos, hasta que concluyan las investigaciones, son: los procuradores fiscales Máximo Suárez Frías, Leónidas Suárez, Miguel Morfe Henríquez, Ivelisse Casado y Juan Rosa, todos de la provincia Santo Domingo. Igualmente, Carmen Elizabeth Jiménez, Fernando Arturo Martínez Ramos, Ana Cristina Rodríguez, Máximo Peralta y Leiny Rosario Solís, de La Vega. También, Pedro Celestino Santana Tavárez, de Santiago, y Miguel Alejandro Sharp Jiménez, de Monseñor Nouel.
• Propuestas de modificación al Código Procesal Penal (Septiembre de 2012). El 14 de septiembre el Procurador General presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de modificación al Código Procesal Penal para limitar algunas situaciones que han permitido que personas procesadas evadan la justicia, así como para limitar la discrecionalidad de los jueces al momento de imponer medidas de coerción a personas reincidentes o con otros procesos judiciales pendientes, crear un sistema más eficiente para la captura de prófugos o declarados en rebeldía, entre otros.
• Eliminación de privilegios en las cárceles (Septiembre-Octubre 2012). El 28 de septiembre el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dispuso la eliminación de los privilegios que disfrutan los presos millonarios en algunas cárceles. Mediante una comunicación enviada al director de Prisiones, Tomás Holguín La Paz, Domínguez Brito impartió instrucciones para que ningún recluso disfrute de privilegios especiales, tales como del uso de aires acondicionados, televisiones, antenas parabólicas, computadoras portátiles, teléfonos, entre otros. En fines de semanas seguidos, con la ayuda de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo, se extrajo a 77 internos los cuales ocupaban celdas conyugales que habían convertido en suites privadas; asesinos, narcotraficantes, violadores y otros criminales peligrosos fueron trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya en la provincia de La Romana.
• Regulación incautación vehículos de motor (Octubre de 2012). El Procurador General de la República, instruyó a todos los representantes del Ministerio Público para que sólo se incauten los vehículos de motor cuando los mismos constituyan un elemento probatorio y vinculante con el proceso que se lleva a cabo. Las instrucciones fueron dadas mediante la circular número 03646, dirigida a los procuradores generales titulares, adjuntos, los fiscales titulares y sus adjuntos, así como a los fiscalizadores. Señaló que la advertencia fue dada para preservar el derecho fundamental de propiedad inherente a toda persona, que puede resultar violentado al momento de realizar un secuestro de cosas, en especial de vehículos de motor.
• Procesamiento del senador Felix Bautista (Octubre de 2014). El 22 de octubre de 2014 Francisco Domínguez Brito remitió un escrito de acusación y requerimiento de apertura a juicio contra el senador Félix Bautista depositado ante la Suprema Corte de Justicia. La Procuraduría solicitó la designación de un Juez de la Instrucción Especial, a fin de conocer en audiencia preliminar una solicitud de prisión preventiva y acusación por hechos graves de corrupción y lavado de dinero en contra de: Félix Ramón Bautista Rosario, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.” Domínguez Brito afirmó que con la acción en contra del Senador y secretario de Organización del PLD está cumpliendo con su responsabilidad y agregó:

“Creo que hay un límite para todo, pienso que no todo puede ser permitido. Esto no es por este momento, esto tiene mucho tiempo, es un trabajo profesional, y más que nada es una responsabilidad del Ministerio Público, que quiere que prevalezca la verdad en este caso. Si hay enriquecimiento ilícito y patrimonio inexplicable, la sociedad debe organizarse y sancionar… porque cuando en una democracia no hay consecuencias ante hechos que violentan las normas, indudablemente que eso también se convierte en un estímulo a que sucedan otros hechos. Lo más importante para nosotros es que prevalezca la verdad y la justicia, lo único que buscamos en esto es la verdad y la Justicia. La sociedad dominicana, la democracia dominicana, necesitan que esos criterios sean los que imperen en el quehacer de todo el sistema.”