Procurador General de la República (2004-2006)

El 16 de agosto del año 2004, mediante el decreto presidencial 861-04 el Presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reyna designó a Francisco Domínguez Brito como Procurador General de la República.² Al asumir el cargo, contaba con apenas 38 años de edad y se convirtió así en el Procurador General de la Repúblicamás joven de la historia contemporánea. Entonces declaró que su gestión estaría fundamentada en el sagrado compromiso de honrar la verdad, respetar al debido proceso y garantizar los derechos constitucionalmente protegidos para todos los dominicanos y dominicanas.³

El reto institucional. Al asumir como Procurador se elaboró un plan estratégico que partió del análisis de los retos que presentaban para el Ministerio Público el Nuevo Código Procesal Penal (aprobado dos años antes), la implementación del Estatuto del Ministerio Público (aprobado un año antes), su interrelación con los demás entes del Sistema de justicia y la sociedad. A los fines de responder con efectividad al nuevo ordenamiento procesal, el Ministerio Público se orientó a establecer las dependencias y unidades necesarias para garantizar un mejor tratamiento y especialización técnica y científica. Recibió un presupuesto institucional de 654 millones de pesos dominicanos (18 millones de USD aproximadamente).

Formación y capacitación. Consciente de que la tarea de adecuar teóricamente al Ministerio Público para un nuevo esquema procesal y la necesaria implementación de la carrera de los fiscales era de naturaleza monumental, Domínguez decidió abordar ambos temas de manera simultánea. La formación inicial de los candidatos a fiscales de carrera por un lado y la capacitación de los fiscales vigentes por el otro a través de los ‘Programas de Formación Extraordinarios’ se llevó a cabo a través de la nueva Escuela Nacional del Ministerio Público (ENP). Las primeras promociones de fiscales de carrera fueron incorporados oficialmente mediante decretos presidenciales a partir del año 2006.

Adminstración de los recursos y prioridades. Adecuar técnicamente y dotar de recursos tecnológicos apropiados al Ministerio Público necesitaba un empuje presupuestario considerable, por lo que Francisco Domínguez logró que la asignación para el año 2005 doblara la del año anterior (alcanzando 1,100 millones de pesos dominicanos). Debido al marcado deterioro y las condiciones deplorables que presentaba, se impulsó la transformación del sistema penitenciario a través de la conversión acelerada de los recintos carcelarios al denominado “nuevo modelo penitenciario”. En la primera etapa, 9 de las 35 cárceles del país fueron incorporadas al nuevo modelo. Al asumir la Procuraduría el sistema penitenciario del país apenas recibía un 16% (110 millones de pesos dominicanos) del presupuesto total de la institución; para el 2006 tras dos años de priorización, el gasto había aumentado a un 34% (509 millones de pesos dominicanos).

La tecnificación de la investigación criminal necesitaba institucionalizarse, y en varias oportunidades Domínguez Brito abogó por la creación de una policía técnica judicial. Sin embargo las condiciones políticas eran desfavorables para tal iniciativa.⁴ Se creó por decreto presidencial el Instituto nacional de Ciencias Forenses.

Cooperación interinstitucional y transparencia. Como Procurador fue designado miembro de la Unidad Técnica de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC).⁵ Desde aquí impulsaron importantes iniciativas vinculadas a la regulación del regimen de compras y contrataciones del Estado, primero a través de un decreto Presidencial y luego a través del proyecto de ley que posteriormente regiría la materia. También se crearon las comisiones de ética pública en cada institución del Estado (Decreto 149-98) y se establecieron programas de fomento y promoción de los principios establecidos en el Código de Ética del Servidor Público (Ley 120-01).

La nueva institucionalidad en la Procuraduría General de la República:

• Se crea la Oficina de Atención a las Víctimas

• Se crea el Sistema de Información Criminal (SIC)

• Se creó la Unidad del Ministerio Público anti Lavado de Activos

• La creación de Fiscalías Barriales o de la comunidad, implementando la resolución alternativa de conflictos, con el fin de ofrecer acceso rápido a la justicia, contribuyendo a la descarga de los casos, contribuyendo a la paz social y aliviando la sobrecarga de trabajo que anteriormente caracterizaba el antiguo sistema inquisitorio, donde era indispensable la acción penal para todos los casos;

• La creación de centros especializados de atención de violencia intrafamiliar en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, La Vega y Baní; con el fin de fortalecer los programas de atención a las víctimas de maltrato familiar; sensibilización de las instituciones que suelen detectar casos de violencia familiar, especialmente de las autoridades policiales, escolares y sanitarias, para que brinden la atención adecuada a las víctimas y, en su caso, procuren la intervención de las instituciones especializadas.